LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL COMERCIO DE GRANOS

ARTICULO POR  J. CAVANO  


Publicado en la Revista de la Bolsa de Cereales N° 3021, octubre/diciembre de 1999

 

I.- INTRODUCCION. LA CAMARA ARBITRAL DE LA BOLSA DE CEREALES

Tradicionalmente, la solución de las controversias que surgen en el comercio de granos y productos agropecuarios, se ha canalizado por la vía del arbitraje institucionalizado. A la fundación de la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario en 1899, le siguió prontamente la de la Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires en 1905, que luego se convirtió –con la adquisición de personería jurídica y la adhesión a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires– en la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, hoy uno de los más activos centros de arbitraje del país.
 

Aun cuando en apariencia o desde una perspectiva formal el servicio ofrecido por la Cámara fue en sus orígenes exclusivamente de arbitraje, en la realidad el rol de esta institución tuvo siempre un alcance más amplio, oficiando también de conciliadora o mediadora en conflictos individuales entre partes, cuando no de moderadora en cuestiones más generales que afectaban colectivamente a los sectores. Su conformación plurisectorial, la capacitación y especialización profesional que alcanzó la Cámara a través del tiempo y su activa presencia técnica en las áreas de interés común, hicieron crecer su importancia como institución que colabora de manera esencial en el armonioso desarrollo del comercio granario. Un ejemplo de ello fue la participación que la Cámara tuvo en la instrumentación de la operatoria que se conoció como "1825", reglamentada mediante los Acuerdos Intersectoriales realizados bajo su coordinación, que ordenaron durante décadas el funcionamiento del sistema.
 

Como se ve, su actividad institucional trasciende la de un mero tribunal de arbitraje que resuelve controversias entre compradores y vendedores. Sin embargo, la función arbitral específica es la que le da a la Cámara su fisonomía propia, su perfil característico, aunque excediendo el limitado esquema del arbitraje clásico. Es una institución activa, que desde una perspectiva técnica y profesional, es órgano de consulta para los sectores y para los organismos públicos, al mismo tiempo que tribunal arbitral para la solución de conflictos individuales. Por obvias razones de espacio –y porque ese es el contenido al que pretendemos ceñirnos en esta nota– nos referiremos puntualmente a esta última función.
 

En ese sentido, concebimos a la Cámara no como un mero tribunal arbitral sino como un verdadero centro de resolución de conflictos, entendiéndose por tal a aquel que está técnica y reglamentariamente en condiciones de brindar un servicio integral, consistente en asistir a los particulares que se encuentran enfrentados por una divergencia, utilizando para ello la herramienta que resulte más idónea. La Cámara entiende su rol como el de un auxiliar del comercio de granos, y por ello se ha preparado a fin de poder servir, desde esa perspectiva, a quienes acuden a plantearle sus problemas.
 

Los conflictos o las desavenencias entre quienes intercambian bienes o servicios son, a la postre, perjudiciales para la celeridad y seguridad que caracteriza este mercado. La agilidad en las transacciones, la volatilidad de los mercados, la necesidad creciente de optimizar los recursos, la complejidad de las modalidades de contratación y los vertiginosos cambios a que el mundo actual somete a las empresas, hace imperioso contar con la certeza de que la palabra empeñada se cumplirá, de que las obligaciones asumidas se realizarán efectivamente.
 

En este ámbito, cuando se cierra un contrato –inicialmente con un acuerdo verbal– ambas partes descansan en la confianza de que esa palabra habrá de cumplirse. Quien vende una partida de granos a un determinado precio, considera ya incorporado a su patrimonio el derecho a que ese precio le sea pagado; quien compra una determinada cantidad de cereal, asume que a la fecha convenida contará con ese físico que requiere para cumplir sus compromisos de exportación o para satisfacer sus necesidades industriales. En otras palabras: el incumplimiento de una de las partes a las obligaciones asumidas en un contrato, aun cuando no pueda considerarse un hecho imprevisible, coloca a la otra parte –que contaba con el derecho a recibir esa prestación– en una situación crítica. Lo saca de su específica labor de comprar o vender y lo obliga a cubrir la falta de esa prestación por otro medio: ante la falta de entrega del vendedor, el comprador necesitará salir a adquirir más mercadería para abastecer su proceso industrial o para cumplir un embarque destinado a la exportación; frente a la falta de pago del comprador, el vendedor deberá recurrir a una financiación externa para obtener el dinero necesario para hacer frente a las obligaciones que pensaba cubrir con ese dinero.
 

Para el comercio de granos es vital, por tanto, contar con mecanismos idóneos para resolver prontamente los conflictos. Los enormes volúmenes comercializados, los estrechos márgenes de utilidad de todas las partes, la logística que habitualmente se requiere para montar un negocio de estas características y la estructura encadenada del sistema comercial traen aparejada la necesidad de que las obligaciones sean puntualmente cumplidas. La elasticidad en los plazos para la observancia de los compromisos comerciales y la tolerancia a la mora en el cumplimiento de los contratos –tan frecuentes en otras áreas de la actividad económica de nuestro país– no son admisibles en este mercado, donde las fechas de entrega de los granos o de pago del precio son escrupulosamente respetadas, porque de ello depende que el ciclo comercial pueda culminarse exitosamente.

II.- LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS

En general, hay dos maneras básicas de solucionar un conflicto: o las mismas partes se ponen de acuerdo en la forma de superarlo o debe intervenir un tercero con autoridad suficiente para imponerles la solución. En el primer caso, podrá suceder que las partes tengan la aptitud y la disposición para negociar directamente entre ellas, sin necesidad de que un tercero colabore en este proceso. En este caso, el conflicto difícilmente trascienda de la esfera de conocimiento de las propias partes: si la negociación es exitosa, el acuerdo al que lleguen hará cesar la situación de conflicto. Pero si esa gestión no produce un resultado satisfactorio, habrá de requerirse la intervención de un tercero. Este tercero puede actuar de diferentes maneras, lo que a su turno conduce a asignarle funciones diversas: ya puede ser un mediador o conciliador que simplemente asista a las partes en una nueva negociación que se lleva a cabo bajo su dirección y coordinación, ya puede ser un árbitro a quien se le solicita que decida entre las posiciones de ambas.
 

La mediación o la conciliación, por ello, implican la colaboración de un tercero neutral cuya función radica en ayudar a las partes para que ellas mismas acuerden la solución, guiándolas para clarificar y delimitar los puntos conflictivos, aunque sin llegar a decidir por ellas. El mediador puede sugerir, interpretar, aportar argumentos u opiniones, persuadir o informar a las partes sobre las posibles soluciones; conduce reuniones informales, con ambas partes y con cada una de ellas por separado, procurando descubrir cuáles son los verdaderos intereses que subyacen en la disputa y ayudando a encontrar posibles opciones que puedan producir una mutua satisfacción de esos intereses. Pero no decide. El arbitraje, a diferencia de aquella, es un sistema adversarial y adjudicativo. El árbitro, también tercero neutral, no auxilia a las partes para que éstas acuerden la solución, sino que se las impone mediante el dictado de un laudo, cuyos efectos son idénticos a los de una sentencia judicial. El arbitraje conjuga la ventaja de una decisión vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes –tanto como una sentencia de un juez– aunque dictada por un tribunal especializado y obtenida a través de un procedimiento más informal, más flexible, más rápido y más económico que cualquier procedimiento judicial.
 

Como se dijo, en sus orígenes, la solución de las controversias derivadas de transacciones sobre productos agropecuarios se basó principalmente sobre la idea de un tribunal arbitral especializado. Los iniciales reglamentos de funcionamiento de la Cámara ponían de manera preponderante el acento en su actuación como tribunal. Aunque, en la práctica, no dejaban de realizarse intentos de conciliación, estos eran generalmente informales o parte de un proceso arbitral ya iniciado. La única forma de provocar la intervención de la Cámara era, entonces, la interposición de una demanda arbitral, la reclamación contenciosa que una parte hacía contra la otra a fin de que el tribunal la obligara a cumplir una determinada prestación. Es cierto que, en el curso del procedimiento arbitral, la Cámara oficiaba de mediador procurando un acuerdo entre las partes; pero ello no se podía hacer sino luego de que una de ellas había demandado a la otra, con el consiguiente deterioro de la relación.
 

Las características del comercio de granos y la conveniencia de preservar la relación comercial entre las partes, han llevado a la Cámara Arbitral a adecuar sus estructuras para poder brindar un servicio de resolución de conflictos acorde con las exigencias del mercado, para lo cual el molde del arbitraje resulta estrecho, dada la existencia de casos en los que la mejor solución no es una sentencia del tribunal sino un acuerdo de voluntades entre las partes que ponga fin al conflicto. La Cámara ha debido prepararse para poder utilizar, en los casos concretos en los que se requiera su intervención, el instrumento que pueda aparejar la mejor solución al conflicto. Si un acuerdo entre las partes es posible, se colaborará con ellas en la búsqueda de una conclusión amistosa de las diferencias, mediante la actuación de un mediador o un conciliador. Si no puede obtenerse por esa vía la solución al conflicto, se hará necesario que el tribunal arbitral intervenga para dictar un laudo que recomponga la situación de incumplimiento.
 

III.- EL NUEVO REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS

Como parte de ese necesario cambio de perfil, se comenzó a trabajar en la redacción de un nuevo cuerpo de normas reglamentarias que recogieran esa filosofía. Se elaboró un anteproyecto, que fue objeto de consultas con las entidades representativas de todos los sectores, y finalmente aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional como anexo al decreto 931/98 (publicado en el Boletín Oficial el 14 de agosto de 1998), bajo el título de Reglamento de Procedimientos para la Solución de Controversias ante las Cámaras Arbitrales de Cereales y Afines.
 

En los considerandos del decreto se destaca que las Cámaras Arbitrales de Cereales tienen como función medular la resolución de los conflictos o divergencias que puedan suscitarse, en relación con cuestiones atinentes a la comercialización de granos y sus derivados. En vista del objetivo propuesto, resulta aconsejable estatuir un nuevo reglamento de procedimientos para los servicios de arbitraje de amigables componedores, conciliación, mediación u otras formas de solución de controversias dentro del marco de su competencia.
 

Ya en el texto del Reglamento anexo, se pone de relieve que las partes que sometan la solución de una controversia a la Cámara consienten las normas de este procedimiento por la sola aceptación de su actuación, sin que puedan alegar su desconocimiento. Asimismo, se autoriza a la Cámara a resolver a su leal saber y entender las cuestiones no previstas en el Reglamento, observando el debido respeto a los derechos y garantías amparadas por la Constitución Nacional y a toda la normativa de orden público vigente.
 

La competencia de la Cámara es amplia: alcanza a cuestiones derivadas de o relacionadas con la producción, comercialización o industrialización de productos agropecuarios, subproductos, derivados y afines, o de productos de la naturaleza, sea en su estado original o elaborados; con la prestación de servicios o cualquier otra clase de relación –contractual o no– entre las partes vinculadas a dichas actividades. No es necesario, para acceder a estos servicios, que las partes sean socias de la entidad.
 

a) Conciliación y mediación

Como se dijo, uno de los objetivos del nuevo Reglamento fue el de incorporar, de manera expresa, la conciliación o mediación como formas de resolver los conflictos que las partes planteen ante la Cámara. Esta función, inicialmente implícita en el trámite de un arbitraje, puede ser ahora autónoma e independiente de aquel. Por ello, el Reglamento dispone que cualquiera de las partes puede solicitar a la Cámara su intervención a los fines de conciliación o mediación con anterioridad a la sustanciación del juicio arbitral, o durante su tramitación. En otras palabras, es ahora posible que ante la necesidad de resolver una divergencia, una de las partes se dirija a la Cámara solicitándole no un laudo arbitral, sino simplemente que cite a la otra a fin de promover un acercamiento entre ambas, del que pueda resultar un acuerdo mutuamente satisfactorio. La forma de requerir esta intervención es sencilla: la parte solicitante presenta una nota en la que identifica a la parte contraria y a la relación jurídica de la cual surge el diferendo y pide que se dé trámite a la instancia de mediación o conciliación.
 

Huelga aclarar que esta instancia es estrictamente voluntaria. No es necesario que las partes se hayan sometido a la jurisdicción arbitral de la Cámara ni que hayan instrumentado el contrato en los formularios vigentes. Precisamente por ello, cuando se requiera a la Cámara su intervención a estos fines, se corre traslado a la otra parte a fin de que acepte o rechace el procedimiento. En caso de silencio o rechazo de la parte convocada a la instancia conciliatoria, se da por concluido el procedimiento. Si esta parte lo acepta, el paso siguiente es la designación de la persona que oficiará de conciliador o mediador y la convocatoria a las partes a la primera audiencia.
 

El mediador designado actúa como facilitador de la comunicación entre las partes, y las asiste en la negociación. Por tanto, no tiene poder de decisión alguno sobre las partes, de modo que el acuerdo sólo surgirá de la libre voluntad de estas. Sin perjuicio de ello, podrá sugerir o proponer fórmulas de entendimiento, respecto de las cuales las partes quedan en absoluta libertad de aceptarlas o no, sin necesidad de invocar razón alguna. Dado el doble carácter de centro de conciliación y tribunal arbitral de la Cámara, para preservar la transparencia del procedimiento y la imparcialidad del mediador, se dispone de manera expresa que la persona que actúe en tal función no podrá luego integrar –en ese caso– el tribunal como árbitro, si la cuestión derivara posteriormente en un arbitraje. Con idéntico propósito se determina que deberá abstenerse de intervenir cuando tuviera con alguna de las partes una relación que pudiera afectar o causar dudas justificadas respecto de su neutralidad, salvo que las partes consientan su actuación.
 

No existen, en esta instancia, formas rígidas ni procedimientos determinados. El mediador conduce el proceso del modo que estime más adecuado, cuidando de respetar las pautas generales establecidas en el Reglamento. Especialmente, tendrá libertad para reunirse o comunicarse con las partes por separado, y citarlas a cuantas reuniones conjuntas considere necesario.
 

El procedimiento de mediación es estrictamente confidencial: todas las personas que participen en él quedan por ese solo hecho obligadas a guardar el secreto sobre los temas allí ventilados, y el mediador no podrá ser citado a declarar sobre las cuestiones que haya conocido en su carácter de tal. Las manifestaciones o propuestas de las partes durante la mediación no importarán admitir hechos o reconocer derechos, y no podrán ser utilizadas para fundamentar la eventual decisión arbitral posterior. Del mismo modo, las opiniones o fórmulas que el mediador pudiera sugerir no importarán prejuzgamiento de su parte. Para resguardar este principio –de capital importancia en la mediación– se evita dejar constancia escrita de las manifestaciones o propuestas realizadas durante la mediación y únicamente se documenta el acuerdo –total o parcial– al que arriben las partes.
 

Más allá de la eficacia de las gestiones que el mediador realice, en definitiva, la solución o no del conflicto depende enteramente de las partes. Reforzando la voluntariedad que prevalece en la mediación, el Reglamento recoge expresamente el derecho de cualquiera de las partes para decidir, a su solo arbitrio, la finalización del proceso, en cualquier estado en que éste se encuentre. La mediación dura mientras las partes tengan la disposición de seguir negociando con la asistencia del mediador. En tal virtud, la mediación puede terminar sin que las partes hayan llegado a acuerdo alguno, en cuyo caso se mantienen los derechos y acciones que tenían con anterioridad. Específicamente, si las partes se habían sometido a la jurisdicción de la Cámara como tribunal arbitral, cualquiera de ellas podrá dar inicio al arbitraje, promoviendo la demanda arbitral correspondiente.
 

Si durante el transcurso de la mediación las partes lograran un acuerdo total o parcial respecto de las cuestiones controvertidas, salvo disposición en contrario, ese acuerdo es elevado por el mediador al tribunal arbitral para su conocimiento y registración. El tribunal lo hará constar en forma de laudo arbitral, lo que otorga a ese acuerdo la misma naturaleza y efectos que éste, o sea la de título ejecutorio. Esto supone que, frente a la eventual inobservancia de las obligaciones que surjan de ese acuerdo, se abre la posibilidad de perseguir su cumplimiento forzado ante los tribunales ordinarios, mediante los procedimientos previstos para la ejecución de las sentencias judiciales.
 

b) Arbitraje

El formalismo y la lentitud del procedimiento judicial, sumado a la natural falta de conocimiento por parte de los jueces de las modalidades, reglas y usos mercantiles, convierten a la instancia judicial en una forma inadecuada para solucionar los conflictos que se suscitan en esta área. Las características del comercio de granos hicieron particularmente propicia la utilización del arbitraje, delegando la función de resolverlos en un tribunal formado por los propios comerciantes, organizados bajo la forma de instituciones plurisectoriales. Una de estas entidades es la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, asociación civil sin fines de lucro, cuyo órgano de dirección –Comisión Directiva– está compuesto por representantes de las distintas ramas de la actividad agropecuaria: productores, acopiadores, cooperativas de productores, corredores, industriales (molineros, aceiteros y elaboradores de otros granos) y exportadores. Esta Comisión Directiva es –en principio– el tribunal arbitral.
 

El sistema de arbitraje de la Cámara es de amigables componedores e institucional, con un panel arbitral fijo, designado en forma impersonal por las partes, quienes no especifican la identidad concreta de los árbitros sino que se remiten a quienes –al momento de dictar el laudo– integren el órgano directivo. La composición plurisectorial de la Comisión Directiva garantiza idoneidad y equilibrio en el tribunal, el que, por su característica de amigables componedores, no está obligado a resolver aplicando el derecho positivo, privilegiando su leal saber y entender de hombres de negocios, de comerciantes conocedores de la materia que se les somete.
 

La jurisdicción de la Cámara como tribunal arbitral es de naturaleza convencional. El sometimiento de las partes a su jurisdicción proviene de un acuerdo de voluntades: en el contrato que las partes celebran se incluye una cláusula conforme la cual, ante cualquier conflicto o cuestión que se origine como consecuencia o derivación del contrato, se obligan a someterla a resolución de la Cámara, con exclusión de cualquier otro fuero o tribunal. Una vez incluida esta cláusula en el contrato, cualquiera de las partes puede ocurrir ante la Cámara a plantear su diferendo, abriéndose la jurisdicción mediante la presentación de la demanda arbitral.
 

Recogiendo las modalidades propias del comercio granario, el Reglamento prevé una serie de supuestos adicionales en los que se interpreta que existe un acuerdo expreso de someterse a la jurisdicción de la Cámara: a) cuando por las características de la operación, dicho acuerdo resulte del intercambio de cartas o cualquier otro medio de comunicación del cual pueda inferirse la voluntad común de resolver sus disputas a través de la Cámara; b) si el contrato del que surge la cláusula arbitral estuviese firmado y registrado por la parte que pretende hacerlo valer, siempre que fuese de aquellos contratos que son uso y costumbre en el comercio de granos, y la otra parte lo hubiese recibido sin formular oposición fehaciente dentro de un plazo razonable; c) cuando surja de las estipulaciones contenidas en los Estatutos, Reglamentos o normas equivalentes de asociaciones civiles, fundaciones, sociedades o cualesquiera otra persona jurídica que las partes integren; d) si una parte propone la cuestión ante la Cámara y la contraria no cuestiona su intervención en la primera presentación, o guarda silencio frente al traslado que se le corra.
 

La forma de iniciar un procedimiento arbitral ante la Cámara es sencilla. Sólo se requiere que el interesado solicite la intervención de la Cámara como tribunal de amigables componedores, lo que se hace por escrito, indicando los domicilios reales de las partes y el que constituya a los fines del juicio arbitral, reseñando los hechos y las razones que cree tener, adjuntando la documentación y sugiriendo las medidas de que intente valerse como prueba, y exponiendo su reclamo o pretensión de manera concreta. No es exigido el patrocinio letrado, pudiendo las partes hacerse representar o asesorar por personas de su elección.
 

En líneas generales, el procedimiento es flexible. Sin perjuicio de la sujeción a las previsiones del Reglamento, la Cámara dirigirá el proceso del modo que considere más apropiado, cuidando de tratar a las partes con igualdad, de brindarles las más amplias posibilidades de audiencia, y oportunidad de hacer valer sus derechos. En especial, el Reglamento señala como esenciales los principios de celeridad, economía procesal, inmediación, concentración, igualdad, eficacia y buena fe.
 

Con base en tales principios el Director del Procedimiento puede impulsar de oficio el procedimiento; resolver las cuestiones que se susciten durante el juicio arbitral; prevenir actitudes de las partes reñidas con los principios de lealtad, buena fe y probidad; señalar los defectos u omisiones de que adolezcan las presentaciones tendiendo a evitar nulidades; ordenar que se testen las frases ofensivas, injuriosas, o que no guarden el estilo respetuoso que debe primar en el proceso; tomar medidas para evitar dilaciones innecesarias en el juicio; ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos; desestimar pruebas, planteos o cuestiones inadmisibles, innecesarias o que se aparten del tema a decidir; disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes o de terceros; delegar en cualquiera de sus miembros, en funcionarios o empleados de la Cámara o en terceros, el diligenciamiento de las medidas necesarias para el desarrollo del proceso o requerir, cuando fuere necesario, la intervención de la autoridad judicial competente.
 

Como correlato de ello, a fin de evitar maniobras dilatorias y preservar la transparencia del arbitraje, se dispone que la aceptación de la intervención de la Cámara y del Reglamento implica que las partes asumen el compromiso de obrar con buena fe, lealtad y espíritu de cooperación para la más equitativa solución del diferendo, sin perjuicio de lo que resulte inherente a la defensa de sus propios derechos o intereses. Una consecuencia de ello es la norma en virtud de la cual se prescribe que no se admitirá la deducción de excepciones de previo pronunciamiento ni la promoción de incidentes de ninguna naturaleza, salvo cuando, en circunstancias excepcionales, el tribunal estime conveniente desdoblar las cuestiones sometidas a su decisión y pronunciarse sobre algunas de ellas con carácter previo.


Recibida la demanda, el tribunal corre traslado de ella al demandado para su contestación dentro del plazo de cinco días de notificada. En el traslado se hace constar de manera expresa la carga de reconocer o negar categóricamente los hechos invocados por la actora, la autenticidad de la documentación acompañada y la recepción de las comunicaciones a él dirigidas. Por aplicación de los principios generales, el Reglamento procura evitar las negativas meramente generales, al exigir que el demandado deba dar las explicaciones correspondientes respecto de los hechos que se le atribuyen. En caso de silencio o respuestas evasivas o ambiguas, el tribunal podrá tener los hechos invocados como verdaderos, considerar la documentación como auténtica, y las comunicaciones como recibidas, siempre que otras constancias del expediente permitan arribar a tales convicciones.
 

En consecuencia, la incomparecencia del demandado o su falta de contestación a la demanda, no impide la continuación del juicio arbitral. El tribunal lo declara en rebeldía y da por caduco el derecho del rebelde a contestar la demanda, sin perjuicio de su derecho a presentarse en el expediente para hacer cesar su rebeldía, pero sin que ello implique retrotraer el proceso.
 

Los plazos establecidos en el Reglamento se computan por días hábiles administrativos para el comercio de granos y, a excepción del plazo para interponer los recursos –que es perentorio y sólo dispensable por conformidad expresa de la parte contraria– todos los demás plazos serán prorrogables, sea de común acuerdo entre las partes o mediante resolución fundada del Director del Procedimiento. Las notificaciones se practican de oficio, por el medio más idóneo según las circunstancias del caso: cédula, correo, medios telegráficos, télex o fax.
 

Luego de contestada la demanda, el tribunal corre entre las partes nuevos traslados para el mejor esclarecimiento de las cuestiones debatidas. Dado que el procedimiento arbitral tiene por objeto que los árbitros conozcan los planteos y las partes desarrollen y argumenten ampliamente las cuestiones controvertidas, el contenido de estas sucesivas presentaciones se considera un valioso elemento de prueba a los fines de laudar, en tanto clarifican a los árbitros la verdadera sustancia del problema.
 

Cualquier medio de prueba es admisible. Empero, debido a la naturaleza del procedimiento y de las cuestiones a resolver, el tribunal se apoya, principalmente, sobre la documentación agregada y las explicaciones que requiera de las partes o terceros. También considera como elementos de juicio, los usos y costumbres del comercio de granos, y la conducta de las partes en relación con los hechos que se le atribuyen. Cuando lo considere necesario, producirá la prueba ofrecida por las partes, o cualquier otra que le permita conocer la realidad de los hechos. Para ello podrá utilizar la vía que considere más idónea, cuidando de mantener la igualdad de las partes y su posibilidad de participación y control. En el curso de las audiencias, el tribunal puede interrogar libremente a los testigos o a las partes, sin perjuicio del derecho de éstas de ampliar o repreguntar.
 

El principio de buena fe y cooperación de las partes hacia el tribunal se traduce en una importante regla expresa: la resistencia injustificada a asistir a una audiencia, a aportar documentación, explicaciones o datos que el tribunal le requiera, podrán ser consideradas como presunciones en contra de la parte reticente. No obstante que el laudo no podrá fundarse sólo en la conducta de las partes en el juicio arbitral, ésta podrá ser evaluada y formar elemento de convicción que corrobore otras pruebas o indicios.
 

La circunstancia de no hallarse sujeto a formalidades estrictas de procedimiento y la celeridad que el tribunal le imprime a todos los actos procesales, le permite estar en condiciones de laudar en términos que de ordinario oscilan entre treinta y sesenta días corridos desde la promoción de la demanda.
 

Una vez reunidos en el expediente todos los elementos necesarios para que los árbitros puedan formarse convicción, se les giran los antecedentes a estudio, haciéndoseles saber que el tema será objeto de tratamiento en la próxima reunión de Comisión Directiva. Constituido el tribunal en forma reglamentaria, se analizan y se tratan los casos en pleno, debatiéndose el problema y dictaminándose respecto de todas las cuestiones que deben ser resueltas. Si no hubiere unanimidad, se someten los temas en disputa a votación, decidiéndose por mayoría de votos de los miembros presentes. Luego, se redacta y se notifica el laudo a las partes.
 

El laudo consentido o firme es definitivo y produce el efecto de la cosa juzgada respecto de las cuestiones sometidas a decisión del tribunal. Tiene el carácter y los efectos de una sentencia judicial y habilita al interesado a requerir su cumplimiento forzado en la forma prevista en las normas vigentes, bajo las reglas correspondientes al trámite de ejecución de sentencias judiciales. Es oportuno aclarar que en esta instancia, el juez no puede objetar la forma en que el tribunal arbitral decidió la cuestión; simplemente debe hacerlo cumplir poniendo en marcha el aparato coactivo judicial para procurar la ejecución.
 

Además de ello, los laudos de la Cámara tienen un valor comercial y moral muy importante, debido al descrédito comercial que apareja su incumplimiento. Adicionalmente, proyecta consecuencias disciplinarias institucionales: la parte que resista en forma injustificada el cumplimiento de las obligaciones que surjan de un laudo firme será pasible de las sanciones previstas en los Reglamentos o Estatutos de la Cámara y de la Bolsa. Si se tratase de un socio, ello acarrea su expulsión como tal. En caso contrario, la parte es incluida en la nómina de quienes no pueden en el futuro asociarse y se comunica su actitud a las entidades del comercio de granos.
 

Una sustancial innovación del Reglamento es la regulación expresa de la facultad del tribunal para decretar medidas cautelares o precautorias. En tal sentido, la parte que la solicite debe acreditar suficientemente a juicio del tribunal la verosimilitud de su pretensión y el peligro en la demora que justifique la medida, y otorgar la garantía que el tribunal le fije. La medida se dictará sin oír a la contraparte, no obstante lo cual la parte contra quien se dicta debe ser notificada de inmediato, una vez que la medida haya sido hecha efectiva. De ser necesario, el tribunal requerirá las diligencias pertinentes de la autoridad judicial competente. Sin perjuicio de la atribución de la Cámara para dictar medidas cautelares, las partes podrán solicitarlas directamente de la autoridad judicial que corresponda, en cuyo caso ello no podrá interpretarse como una renuncia a la jurisdicción arbitral.
 

Otra importante mejora que aparejó este nuevo Reglamento es en lo referido a los recursos que cabe contra el laudo. Como principio general, sólo se admiten los de la aclaratoria, reconsideración y unificación. El primero tiene por objeto subsanar o corregir algún error material, tipográfico, de cálculo o numérico, aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido. Mediante el recurso de reconsideración se procura que el tribunal reexamine las cuestiones decididas en el laudo, confirmándolo, modificándolo o revocándolo. La mayor novedad es la inclusión de un nuevo recurso, denominado "de unificación", el que procede cuando alguna de las Cámaras Arbitrales pronuncie un laudo que contradiga lo resuelto por ella misma o por otra Cámara, en un asunto con el cual este último mantenga una identidad fáctica sustancial, que perjudique la uniformidad de los antecedentes arbitrales del comercio de granos. Su objeto, como surge de las normas que lo regulan, es el de evitar la adopción por las Cámaras de laudos contradictorios. Sintéticamente, una vez declarada la admisibilidad del recurso, la Cámara interviniente convoca a las restantes a Reunión Intercámaras a fin de unificar los precedentes, provocando una decisión plenaria de todas las Cámaras, cuyo fallo será de aplicación obligatoria.
 

Conforme lo determinan las leyes generales, también procede contra los laudos dictados por la Cámara un recurso o acción de nulidad, en la forma y por las causales previstas en las normas legales vigentes. El planteo judicial de nulidad sólo procederá luego de agotados todos los recursos que autoriza el Reglamento, siempre que la parte que pretende hacerlo valer haya planteado en forma inequívoca la causal en que se funda, en la primera oportunidad procesal en que se haya presentado, permitiendo al tribunal pronunciarse sobre ella. Declarada la nulidad del laudo, el juez remitirá nuevamente los antecedentes al tribunal arbitral a fin de que dicte un nuevo laudo.
 

IV.- CONCLUSION

Los visionarios dirigentes que a principios del siglo XX pensaron en la organización institucional del comercio de granos, advirtieron con acierto que los tradicionales sistemas de solución de conflictos no eran apropiados para atender las necesidades del tráfico mercantil de productos agropecuarios. Un mercado caracterizado por la concentración de las operaciones en Bolsas y Mercados, por su gran agilidad y dinamismo y con usos y reglas propias, no resistía la lentitud de los procedimientos judiciales. La adopción del arbitraje fue, entonces, una decisión encomiable. Y dentro de las opciones que este método ofrece, la elección de un arbitraje de amigables componedores, donde los jueces fueran los propios comerciantes y administrado por una entidad plurisectorial, no pudo ser más atinada. La creación de un sistema propio de resolución de controversias cubrió satisfactoriamente las necesidades del comercio y, en particular, la de custodiar sus valores más preciados: la celeridad y especialización y el "valor de la palabra".
 

El tiempo, sin embargo, hizo conveniente actualizar ese sistema, adaptarlo a los requerimientos actuales, complementándolo con otras formas alternativas de solución de controversias. El Reglamento de Procedimientos aprobado por decreto 931/98 apunta, precisamente, a ese objetivo: mediante la moderna regulación del sistema de arbitraje y la incorporación formal de los servicios institucionales de mediación y conciliación, se ha dotado a las Cámaras Arbitrales de un soporte normativo que les permite desarrollar todo su potencial, convirtiéndolas en centros de resolución de conflictos. El sistema original, luego de un siglo de vigencia, demostró ser el más adecuado para esta rama del comercio, que exige celeridad en la resolución, especialidad en los árbitros, conocimiento de los usos y costumbres y una decisión comercial antes que jurídica. La actualización realizada mediante estas nuevas reglas, amplía su utilidad y pone al comercio de granos a la cabeza del proceso de transformación que se está verificando en el país en materia de resolución de conflictos.

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